Los 27 estados miembros de la Unión Europea (UE) aprobaron el 18 de junio una directiva de retorno, en la que establecen criterios comunes para la expulsión y retención de inmigrantes. Se estima que la entrada en vigor de esta normativa afectará a más de ocho millones de personas, de las que un 47% son mujeres. La resolución, que ha sido criticada por organizaciones como Amnistía Internacional y rechazada por la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, contempla, entre otras medidas, la privación de la libertad para los denominados “sin papeles” hasta por un período de 18 meses.
Al equiparar la inmigración irregular con un delito que se debe castigar con la reclusión, la UE retrocede claramente en el respeto de los derechos humanos, lo que además resulta sospechoso en un escenario de fuerte desaceleración económica. La vieja Europa quiere proteger sus privilegios, pero olvida que su desarrollo económico se debe, en gran parte, a la explotación de los recursos naturales provenientes de sus ex colonias en África o América, y a que las personas inmigrantes han contribuido a la bonanza económica de las últimas décadas, dando mucho más de lo que han recibido.
Datos publicados por el gobierno español señalan, por ejemplo, que en 2007 los inmigrantes aportaron a las arcas fiscales cerca de 24.400 millones de euros y sólo recibieron como contraprestación 18.600 millones. Su presencia supuso un beneficio neto para el país de 5.000 millones de euros al año y su contribución a la seguridad social permitió pagar 900.000 pensiones a jubilados/as. Además, Europa ha utilizado mano de obra barata de millones de inmigrantes para cubrir los oficios despreciados por los autóctonos, entre ellos, el trabajo doméstico y el cuidado de personas enfermas y ancianas, todas actividades realizadas mayoritariamente por mujeres.
Los crecientes déficit de los estados de bienestar europeos y los cambios culturales han impulsado a numerosas familias a buscar mano de obra femenina inmigrante para ocuparse de las desvalorizadas tareas reproductivas y suplir la falta de guarderías o residencias para personas ancianas. Los beneficios que otorga su reclutamiento son numerosos: bajo costo, desconocimiento de las leyes laborales y rasgos culturales comúnmente asociados a la sumisión, lo que facilita la explotación y el mantenimiento relaciones de dominación étnica y de clase. Sin embargo, a pesar de su escaso valor en el mercado, las mujeres inmigrantes desarrollan un trabajo imprescindible para el sostenimiento de la vida: “el cuidado” que tiene un valor ético y es indispensable para la cohesión social.
Europa necesita proveedoras de servicios domésticos y de cuidados de bajo coste para mantenerse cohesionada y para que sus economías puedan funcionar. La asignación de estas tareas a las mujeres y la posición subordinada de estas actividades en el mercado, se apoya en relaciones de poder social e históricamente construidas. La utilización de mujeres inmigrantes como mano de obra barata, facilita la reproducción de un modelo social y económico que no avanza hacia la corresponsabilidad o el reparto de tareas entre hombre y mujeres. Al contrario, refuerza la división sexual del trabajo y se sirve de la pobreza de los países del sur para tener a su disposición un contingente de trabajadoras inmigrantes en situación irregular.
La directiva de retorno resulta funcional a las desigualdades de género y entre países, puesto que ayuda a una mayor reducción de las garantías legales y los derechos de los inmigrantes. Aún así, Europa se levanta cada día gracias al trabajo de millones de mujeres sudamericanas, asiáticas y africanas que lavan su cara, limpian sus miserias y acarician sus heridas. Las mujeres inmigrantes cuidan cada día con esmero a la vieja Europa pero ella, en lugar de agradecerles, decidió perfeccionar sus mecanismos de explotación y no cuidar a sus cuidadoras.
Judith Muñoz Saavedra
Barcelona, Julio 2008
Al equiparar la inmigración irregular con un delito que se debe castigar con la reclusión, la UE retrocede claramente en el respeto de los derechos humanos, lo que además resulta sospechoso en un escenario de fuerte desaceleración económica. La vieja Europa quiere proteger sus privilegios, pero olvida que su desarrollo económico se debe, en gran parte, a la explotación de los recursos naturales provenientes de sus ex colonias en África o América, y a que las personas inmigrantes han contribuido a la bonanza económica de las últimas décadas, dando mucho más de lo que han recibido.
Datos publicados por el gobierno español señalan, por ejemplo, que en 2007 los inmigrantes aportaron a las arcas fiscales cerca de 24.400 millones de euros y sólo recibieron como contraprestación 18.600 millones. Su presencia supuso un beneficio neto para el país de 5.000 millones de euros al año y su contribución a la seguridad social permitió pagar 900.000 pensiones a jubilados/as. Además, Europa ha utilizado mano de obra barata de millones de inmigrantes para cubrir los oficios despreciados por los autóctonos, entre ellos, el trabajo doméstico y el cuidado de personas enfermas y ancianas, todas actividades realizadas mayoritariamente por mujeres.
Los crecientes déficit de los estados de bienestar europeos y los cambios culturales han impulsado a numerosas familias a buscar mano de obra femenina inmigrante para ocuparse de las desvalorizadas tareas reproductivas y suplir la falta de guarderías o residencias para personas ancianas. Los beneficios que otorga su reclutamiento son numerosos: bajo costo, desconocimiento de las leyes laborales y rasgos culturales comúnmente asociados a la sumisión, lo que facilita la explotación y el mantenimiento relaciones de dominación étnica y de clase. Sin embargo, a pesar de su escaso valor en el mercado, las mujeres inmigrantes desarrollan un trabajo imprescindible para el sostenimiento de la vida: “el cuidado” que tiene un valor ético y es indispensable para la cohesión social.
Europa necesita proveedoras de servicios domésticos y de cuidados de bajo coste para mantenerse cohesionada y para que sus economías puedan funcionar. La asignación de estas tareas a las mujeres y la posición subordinada de estas actividades en el mercado, se apoya en relaciones de poder social e históricamente construidas. La utilización de mujeres inmigrantes como mano de obra barata, facilita la reproducción de un modelo social y económico que no avanza hacia la corresponsabilidad o el reparto de tareas entre hombre y mujeres. Al contrario, refuerza la división sexual del trabajo y se sirve de la pobreza de los países del sur para tener a su disposición un contingente de trabajadoras inmigrantes en situación irregular.
La directiva de retorno resulta funcional a las desigualdades de género y entre países, puesto que ayuda a una mayor reducción de las garantías legales y los derechos de los inmigrantes. Aún así, Europa se levanta cada día gracias al trabajo de millones de mujeres sudamericanas, asiáticas y africanas que lavan su cara, limpian sus miserias y acarician sus heridas. Las mujeres inmigrantes cuidan cada día con esmero a la vieja Europa pero ella, en lugar de agradecerles, decidió perfeccionar sus mecanismos de explotación y no cuidar a sus cuidadoras.
Judith Muñoz Saavedra
Barcelona, Julio 2008
