LAS CUIDADORAS DE LA VIEJA EUROPA

Los 27 estados miembros de la Unión Europea (UE) aprobaron el 18 de junio una directiva de retorno, en la que establecen criterios comunes para la expulsión y retención de inmigrantes. Se estima que la entrada en vigor de esta normativa afectará a más de ocho millones de personas, de las que un 47% son mujeres. La resolución, que ha sido criticada por organizaciones como Amnistía Internacional y rechazada por la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, contempla, entre otras medidas, la privación de la libertad para los denominados “sin papeles” hasta por un período de 18 meses.

Al equiparar la inmigración irregular con un delito que se debe castigar con la reclusión, la UE retrocede claramente en el respeto de los derechos humanos, lo que además resulta sospechoso en un escenario de fuerte desaceleración económica. La vieja Europa quiere proteger sus privilegios, pero olvida que su desarrollo económico se debe, en gran parte, a la explotación de los recursos naturales provenientes de sus ex colonias en África o América, y a que las personas inmigrantes han contribuido a la bonanza económica de las últimas décadas, dando mucho más de lo que han recibido.

Datos publicados por el gobierno español señalan, por ejemplo, que en 2007 los inmigrantes aportaron a las arcas fiscales cerca de 24.400 millones de euros y sólo recibieron como contraprestación 18.600 millones. Su presencia supuso un beneficio neto para el país de 5.000 millones de euros al año y su contribución a la seguridad social permitió pagar 900.000 pensiones a jubilados/as. Además, Europa ha utilizado mano de obra barata de millones de inmigrantes para cubrir los oficios despreciados por los autóctonos, entre ellos, el trabajo doméstico y el cuidado de personas enfermas y ancianas, todas actividades realizadas mayoritariamente por mujeres.

Los crecientes déficit de los estados de bienestar europeos y los cambios culturales han impulsado a numerosas familias a buscar mano de obra femenina inmigrante para ocuparse de las desvalorizadas tareas reproductivas y suplir la falta de guarderías o residencias para personas ancianas. Los beneficios que otorga su reclutamiento son numerosos: bajo costo, desconocimiento de las leyes laborales y rasgos culturales comúnmente asociados a la sumisión, lo que facilita la explotación y el mantenimiento relaciones de dominación étnica y de clase. Sin embargo, a pesar de su escaso valor en el mercado, las mujeres inmigrantes desarrollan un trabajo imprescindible para el sostenimiento de la vida: “el cuidado” que tiene un valor ético y es indispensable para la cohesión social.

Europa necesita proveedoras de servicios domésticos y de cuidados de bajo coste para mantenerse cohesionada y para que sus economías puedan funcionar. La asignación de estas tareas a las mujeres y la posición subordinada de estas actividades en el mercado, se apoya en relaciones de poder social e históricamente construidas. La utilización de mujeres inmigrantes como mano de obra barata, facilita la reproducción de un modelo social y económico que no avanza hacia la corresponsabilidad o el reparto de tareas entre hombre y mujeres. Al contrario, refuerza la división sexual del trabajo y se sirve de la pobreza de los países del sur para tener a su disposición un contingente de trabajadoras inmigrantes en situación irregular.

La directiva de retorno resulta funcional a las desigualdades de género y entre países, puesto que ayuda a una mayor reducción de las garantías legales y los derechos de los inmigrantes. Aún así, Europa se levanta cada día gracias al trabajo de millones de mujeres sudamericanas, asiáticas y africanas que lavan su cara, limpian sus miserias y acarician sus heridas. Las mujeres inmigrantes cuidan cada día con esmero a la vieja Europa pero ella, en lugar de agradecerles, decidió perfeccionar sus mecanismos de explotación y no cuidar a sus cuidadoras.


Judith Muñoz Saavedra
Barcelona, Julio 2008

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Mujeres y deuda externa: “lo que damos y lo que nos quitan”

Por Judith Muñoz Saavedra

Quienes analizan las consecuencias de la deuda, suelen adoptar una perspectiva de observadores/as externos/as frente a lo que pretenden explicar. En el intento de lograr reflexiones rigurosas y objetivas, muchas veces, olvidan/olvidamos aquello que hemos vivido y que nos ha motivado a ocuparnos de estos temas. A veces, es necesario recordar que las consecuencias de las políticas macroeconómicas se viven desde la proximidad y se leen desde lo cotidiano, por ello es imposible, a menos para mí, disociar mis recuerdos del análisis de la deuda, porque cuando era una niña y Chile aun vivía bajo la dictadura de Pinochet comencé a observar algunas cosa que cambiaron mi entorno más cercano:

• Muchos de los conocidos quedaron en el paro y se comenzó a hablar de exilio económico.
• Comenzaron a abundar las personas que trabajaban en la economía informal, la venta ambulante y la elaboración de productos caseros de cocina.
• Por primera vez en mi vida oí hablar de ollas comunes y comedores comunitarios.
• En los hospitales comenzaron a enviar a los enfermos/as a sus casas porque no había camas. Al mismo tiempo las parroquias, las ONGs y los consultorios empezaron a hacer talleres monitores de salud y primero auxilios.
• Algunos de mis compañeros/as de colegio empezaron a faltar a clases y algunos nunca volvieron.
• Mi madre, que era maestra, pasó de tener 20 alumnos en su aula a tener 40 o más.


Al cabo de un tiempo alguien me explicó que todo esto era culpa de algo que se llamaba deuda externa y que estábamos frente a un programa de ajuste estructural, que en términos simples era reducir el gasto público: todos excepto los militares, y aumentar los ingresos mediante la apertura comercia, la disminución de los salarios y la flexibilización laboral. Y a mis miedos de niña bajo la dictadura se sumó un nuevo fantasma que se llamaba “deuda externa”. Sin embargo, al poco tiempo la explicación que me dieron no me acababa de convencer y comencé a preguntar:

• ¿Por qué las madres de tantos de mis compañeros/as se marchaban del país?
• ¿Por qué la mayoría de las personas que trabajaban en la economía informal y vendían en la calle eran mujeres?
• ¿Por qué quienes llevaban adelante ollas comunes y comedores comunitarios eran mujeres?
• ¿Por qué los cursos de monitoras de salud y primeros auxilios solo iban dirigidos a mujeres?
• ¿Por qué a mi madre, a pesar de tener el doble de alumnos, le bajaron el sueldo a la mitad mientras que a los maestros hombres, les mantuvieron su escaso salario intacto?
• ¿Por qué quienes dejaron de ir al colegio y nunca volvieron fueron mayoritariamente las chicas y no los chicos?

Entonces, alguien me explicó que esto tenía que ver con el patriarcado y que aunque la deuda perjudicaba tanto a hombres cómo a mujeres era necesario considerar que las políticas económicas, comerciales y laborales tenían impactos diferenciados según el sexo, la clase social o la etnia. Han pasado más de 20 años desde esta experiencia, sin embargo hoy en día el ciclo de la deuda se sigue repitiendo en diversos países del mundo y el análisis de las políticas macroeconómicas y sus consecuencias, sigue ignorando sistemáticamente las desigualdades de poder entre los géneros, y los puntos de partida diferentes entre hombres y mujeres.

En estos 20 años, el modelo de globalización económica neoliberal se ha consolidado en Chile y en el mundo, dejando cifras que indican que el 1% más rico de la población concentra tantos ingresos como el 57% más pobre, y que 2,8 mil millones de personas viven con menos de dos dólares al día. De ellos el 80% son mujeres, lo que evidencia que las políticas neoliberales son generadoras de procesos de empobrecimiento en las mujeres y que si se quiere avanzar en la erradicación de este flagelo es imprescindible incoporar el análisis de las desigualdades de género.

Actualmente nos encontramos inmersos en un modelo económico que se muestra indiferente a las desigualdades entre regiones, sectores socioeconómicos y entre hombres y mujeres. Pero no es sólo eso, también se aprovecha de estas desigualdades y las refuerza en función del lucro de unos pocos. La deuda externa es un componente fundamental del neoliberalismo y es un instrumento de presión y control sobre los países del sur que profundiza el empobrecimiento y las desigualdades. Así, el modelo, se sostiene en base a las diferentes condiciones de vida y de trabajo que existen entre los países desarrollados y en desarrollo. Y se mantiene gracias al desmantelamiento del estado, a la privatización de los servicios públicos y al descalabro de las organizaciones gremiales y sindicales.

Ejemplo de ello, es que si no existiera la desregulación de los mercados y los bajos costos de mano de obra en países como China o Nicaragua, la empresa Walmart no habría sido capaz de generar ganancias anuales que exceden el PIB de las 2/3 partes de los países en vías de desarrollo. Gran parte de estas ganancias se obtuvieron gracias a la sobreexplotación de mujeres pobres, indígenas y rurales en fábricas o empresas maquiladoras.

Deuda Externa: precarización laboral y reforzamiento de la división sexual del trabajo.

En los países endeudados, el empeoramiento de las condiciones económicas incrementa la presión por la incorporación al trabajo remunerado. Las mujeres se insertan en un mercado laboral segregado por sexo, en sectores de menor productividad y sufren mayor desocupación, además las responsabilidades familiares las hacen más vulnerables a la precarización laboral. El deterioro de los ingresos familiares, la necesidad de generar un salario impulsa a las mujeres a aceptar cualquier tipo de trabajo, pero sin abandonar el trabajo doméstico, el cuidado y crianza de los niños/as, enfermos/as y ancianos/as, el trabajo comunitario y el de subsistencia. Muchas deben aceptar trabajos de peor calidad a cambio de flexibilidad horaria para compatibilizar el trabajo doméstico y el remunerado. De hecho, en el año 2002 aproximadamente la mitad de las ocupadas en América latina se ubicaba en el sector informal (49,4%) y por tanto carecían de cualquier tipo de protección social.

La participación de las mujeres en el mercado laboral se ve condicionado por lo que la economista feminista Ingrid Palmer (1992) ha denominado “el impuesto reproductivo, que se deriva del trabajo no remunerado que las mujeres realizan en los hogares, producto de un pacto no escrito por el que se consagró al varón como proveedor económico universal de las familias y a las mujeres como cuidadoras” . Así, la deuda externa refuerza una estructura laboral que descansa en la doble o triple jornada de la mujer y en la mantención de los roles tradicionales del patriarcado. Tal como señala el informe de Cepal (2007) “El aporte de las mujeres a la igualdad en América Latina y el Caribe” la división sexual del trabajo ha sido, y es, funcional a este sistema económico y al modelo de endeudamiento, ya que garantiza una oferta de mano de obra barata y subsidiada por el trabajo de las mujeres, que se hacen cargo sin costo de la producción de bienes y servicios que de otro modo tendrían que ser provistos por el mercado o por el Estado.

Los impactos diferenciados de la deuda externa

El pago de los intereses y reembolsos de la deuda agotan los recursos de los países, frente a lo cual, los gobiernos desarrollan políticas de restricción del gasto y de privatización de los servicios públicos. Las consecuencias de estas acciones no son neutrales en términos de género.

1.- La disminución del gasto público limita las áreas y las coberturas del estado en ámbitos como la salud, la educación, la protección social. Esto tiene un doble impacto para las mujeres porque, por razones basadas en estereotipos de género, los recortes afectan principalmente a programas y políticas dirigidos a mujeres y niñas y porque las mujeres deben asumir el coste de la reducción de los servicios sociales que antes prestaba el estado. La deuda externa genera así una carga adicional de trabajo para las mujeres ya que al ser responsables casi en exclusiva del cuidado, deben intensificar el tiempo de trabajo domestico para suplir y compensar el déficit de los servicios sociales.

2.- La privatización de la propiedad y/o el funcionamiento de empresas y servicios tales como el agua, saneamiento, telecomunicaciones, electricidad, salud y educación tiene como consecuencia directa el aumento de tarifas que excluyen y perjudican a las personas pobres, que mayoritariamente son mujeres. Pero también tiene efectos indirectos, que solo se pueden detectar si se consideran las relaciones de género. Por ejemplo:

• La privatización de los servicios de salud ha significado para muchas mujeres tener que asumir el cuidado de enfermos y de familiares que están envejeciendo, tanto por la disminución del número de camas en los hospitales como por no poder pagar los costos de los servicios, que ahora están en manos privadas.
• En países cómo Tanzania, la privatización del agua implica el desplazamiento hacia pozos públicos, esto aumenta la carga de trabajo de las mujeres ya que ellas son las responsables de llevarla a las familias. Esta es una razón por la que a menudo las mujeres jóvenes dejan de ir al a la escuela.
• La privatización de los sistemas de seguridad social en Latinoamérica (salud y pensiones) también incide más en las mujeres. Como la reproducción humana es considerada un asunto de mujeres, son ellas quienes deben aportar una contribución mayor de su salario para obtener cobertura de salud y durante los embarazos. Por su parte, la desigualdad en mercado laboral impide que las mujeres contribuyan a su fondo de pensiones de la misma manera que los hombres, lo que da como resultado pensiones más bajas que aumentando la pobreza de las mujeres mayores.
• Durante las crisis económicas la mayoría de las iniciativas para mejorar las condiciones de vida de la comunidad son desarrolladas por mujeres porque ellas están más cercanas a los problemas cotidianos y porque tienen una mayor predisposición al trabajo voluntario. Este aumento de la carga de trabajo de las mujeres ha sido conceptualizado como triple jornada.

Frente a esta situación las organizaciones feministas y de defensa de los derechos de las mujeres han planteado los siguientes desafíos:

1.- La abolición de la deuda sin condiciones, por ilegitima, por injusta y también por “sexista”.
En los países donde ha habido programas cancelación de la deuda, ha aumentado en promedio un 40% el gasto en educación y 70% en salud . Ello no implica, necesariamente, una mejora en las condiciones de vida de las mujeres pero es importante vigilar que este aumento del gasto social repercuta favorablemente en ellas. Al mismo tiempo, hay que estar alertas porque la condicionalidades de la cancelación de la deuda pueden traer nuevos impactos negativos en cuanto al género
2.-Es necesario incluir criterios de igualdad de género en las asignaciones de recursos provenientes de canjes y reestructuración de la deuda. Las necesidades de las mujeres deben estar presentes. Además hay que promover la participación de las mujeres en las veedurías ciudadanas, auditorias o en instancias similares. Los países endeudados tienen derecho a decidir como utilizar estos recursos y las mujeres deben poder exigir a sus gobiernos que usen el dinero en temas destinados a la equidad de género.

La deuda social con las mujeres.

La falta de reconocimiento del trabajo y de la doble o triple jornada de las mujeres implica que no se les considere como actoras económicas y que, por lo tanto, no se les vea como las grandes acreedoras de la deuda social. Una apuesta por la igualdad de género requiere reconocer que existe una deuda social acumulada con las mujeres, por contribuciones económicas no retribuidas y por el trabajo no pagado que han realizado y que ha permitido el funcionamiento del modelo. Como señala Magdalena León:

“Somos acreedoras, no solo por lo que no nos dan, sino por lo que damos, por lo que nos quitan, por lo que se destruye. Lo somos desde los aportes, no solo desde las carencias y limitaciones”

El reconocimiento de “lo que damos” no puede ser tan sólo una reivindicación de las mujeres del sur. En los países del norte hay un elemento central que no se puede ser desconocido y es que existe una “deuda de cuidados”. La deuda y la crisis del desempleo transforman a miles de mujeres en migrantes económicas. El norte rico necesita proveedoras de servicios domésticos y de cuidados para que su economía pueda funcionar y para que las mujeres puedan mejorar sus posibilidades en el mercado laboral. Así, el sistema no varía hacia la corresponsabilidad o el reparto de las tareas domésticas y de cuidado entre hombres y mujeres. La división sexual del trabajo se mantiene intacta y recibe un balón de oxigeno porque las mujeres del sur ayudan al norte a conciliar. Con esto la deuda social no hace más que aumentar, porque nadie se pregunta:

• ¿Quién cuida a las cuidadoras inmigrantes?
• ¿Quién cuida a aquellos y aquellas que las migrantes han dejado de cuidar?
• ¿Quién asume el costo personal, emocional y económico de los cuidados que se dejan de prestar a de hijos, hijas, ancianos y enfermos en los países del sur?

Cuando hablemos de deuda social, no podemos olvidar que el norte también tiene una deuda de cuidados con las mujeres del sur.

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RACISMO Y DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO: UNA EXPLOSIVA COMBINACIÓN

Por Sara Cuentas

“Subrayado que la eliminación del apartheid, de todas las formas de racismo, de discriminación racial, colonialismo, neocolonialismo, agresión, … es indispensable para el disfrute cabal de los derechos del hombre y de la mujer…” (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer)

El acto de violencia sexista y racista ocurrido el pasado 7 de octubre contra una joven latinoamericana en los Ferrocarriles de la Generalitat, evidencia de forma contundente el grado de vulnerabilidad al que nos vemos sometidas las personas inmigradas, sobre todo las mujeres y más aun si somos mujeres jóvenes.

Hacer alusión a racismo en este contexto es necesario, aunque ya hace tiempo se aceptó que las razas no existen en ningún sentido que pueda ser reconocido científicamente, pues la propia idea de raza es una construcción social. Sin embargo, nos sirve para contextualizar, analizar y denunciar hechos como el ocurrido con la joven ecuatoriana.

La idea de racismo como forma de discriminación, viene expresada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que presupone que discriminación racial es la única forma de discriminación, obviando otras formas de discriminación como las basadas en género, edad, discapacidad, preferencia sexual o religión. Por lo tanto, para hablar sobre género y racismo es necesario ubicarnos primero en el contexto histórico, es decir colonialismo, apartheid y la construcción política e ideológica de estas prácticas discriminatorias, y en segundo lugar, en la realidad actual de las relaciones interpersonales e interétnicas que se dan en todas las sociedades, sobre todo en las occidentales ante el proceso migratorio.

El contexto histórico, por tanto, toma en cuenta que pertenecemos a diferentes grupos raciales y étnicos (Anthias, F. 1990) ya que éstos determinan nuestras percepciones respecto a "una/o misma/o" y la "otredad" de las/os otras/os, ya sean mujeres y hombres. Y sobre este contexto histórico se continúan estableciendo diferencias, prácticas discriminatorias y vejatorias de unas personas contra otras.

Estas creencias se reflejan tanto en el discurso político como a nivel de las ideas populares (Solomos, J. 1989) y también en actitudes y conductas violentas. En consecuencia, la percepción común sobre "raza" se ha concentrado en variables tales como color de la piel, idioma y nacionalidad.

La ICERD (Convención internacional para la eliminación de la Discriminación Racial) adoptada por la ONU en 1965, definió para la época, el término “discriminación” como “toda distinción, restricción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, descendencia, origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social o cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública” . Este concepto que portaba ceguera de género; es modificado por el mismo ICERD, cuando en el año 2000 plantea la Recomendación Nº 25, sobre las Dimensiones de la Discriminación racial relacionada al género”, que declara: “La discriminación racial, no siempre afecta a las mujeres y a los hombres por igual o de la misma manera”.

Y es que desde siempre, las mujeres hemos sido víctimas de la discriminación de género. Y en este sentido, es importante señalar que clase, “raza”, etnia y casta tienen un efecto sobre cómo las mujeres experimentamos la discriminación de género de maneras diferentes.

Precisamente, para ayudar en el análisis y entender cómo se entrelazan discriminación de género y racismo, en enero del 2001, la División para el Adelanto de las Mujeres, de las Naciones Unidas, organizó una reunión de expertas/os sobre raza y género en Croacia, donde se estableció la “interseccionalidad” como “discriminación compuesta, doble o múltiple discriminación” y se refiere a la interacción entre dos o más formas de discriminación; por ejemplo; la intersección de género, raza, etnia y otros factores dentro del marco de los derechos civiles o políticos, o en el marco de los DESC. Es importante recordar que la discriminación de género es una violación de los derechos humanos en intersección con todas las otras formas de discriminación (Fanny Gómez - REPEM Colombia).

La interseccionalidad de la discriminación de género con otras formas de identidad, determina nuestra vulnerabilidad como mujeres hacia la discriminación racial. De este modo, la discriminación racial no es más que una hebra de diferentes hilos entrelazados de discriminación puesto que las mujeres no sólo se diferencian por la manera en cómo raza, etnia, clase, edad, casta, sexualidad e incapacidad afectan nuestras experiencias. Existen otros factores, como el contexto histórico y localidad geográfrica, que también son parte del marco de análisis y reflexión sobre racismo y género.

Al relacionar “raza” y género, no se debe entender que nos referimos a dos sistemas separados de racismo y patriarcado, que se entrelazan de una manera comprensible y simple, ni tampoco que es un ejerció teórico y analítico a secas, sino que está en juego una serie de complejidades sociales y variedad de experiencias y formas de opresión y violencia, como la ocurrida contra la joven latinoamericana, que considero, deben ser destacadas como llamadas de alerta y reflexionadas desde esta dualidad, que nos permita comprender cuál es su trasfondo, reflexionar cómo podemos contribuir a erradicarlas y denunciar estos hechos.

En la base del cruce entre racismo y género está el hecho de que en ambas formas de discriminación se registran experiencias de la subordinación fomentada tanto por el sistema patriarcal como por la historia de la colonización. El racismo está basado no sólo en una consideración de la otra/o como “diferente” sino en su apreciación como otra/o diferente “en déficit”, no civilizada/o e invisibilizada/o, lo cual constituía a su vez el eje común entre las tres categorías de género, etnia y raza. En este sentido se hace necesario profundizar el análisis de las formas de discriminación étnica y racial existente en las sociedades europeas, a pesar de los discursos oficiales de igualdad, democracia y equidad, y de examinar los procesos de subordinación propios de cada una de las identidades afectadas. Porque la esencia de la identidad no es una suma de roles sino el significado que se le atribuye a una persona en un mundo de relaciones, sociales, económicas, culturales y políticas.

El caso de la joven ecuatoriana no es el único, y demuestra que a las mujeres, al estar sujetas a un estado de vulnerabilidad social, debido a factores étnicos, raciales y sexistas, con estereotipos basados en criterios de superioridad e inferioridad, nos coloca en primera línea como posibles víctimas de la discriminación agravada o múltiple.

Y precisamente, el desafío para los Estados, receptores de la población inmigrante, es el desarrollo de la interculturalidad positiva, a partir de políticas del Estado que abarquen los niveles de la institucionalidad, la educación, la comunicación y la legislación, que reconozca y visibilice la realidad de las múltiples identidades y la necesidad de incorporar la perspectiva de género en todos los programas de acción contra el racismo y la discriminación racial y que el lenguaje en la legislación plasme derechos que reconozcan no solo la igualdad de condiciones entre el hombre y la mujer que pertenece a grupos discriminados racialmente, sino que provean derechos y soluciones legales a las mujeres que sufren una discriminación múltiple o agravada. Y todo ello, sin perder de vista el contexto de la globalización que tiende a homogeneizar, excluir y hacer más complejos los caminos para construir las alternativas de cambio o para hablar de “ciudadanías globales”.

Las múltiples formas de discriminación que somos capaces de imaginar son todas, dimensiones distintas de lo mismo, de nuestra forma de mirar y de entender la realidad. Estas discriminaciones se ocultan en el ámbito escolar, en el ámbito de los medios de comunicación y en general en todos los espacios de socialización que entienden la realidad desde perspectivas dicotómicas y excluyentes.

Por tanto se hace urgente y necesario, no sólo analizar, sino visibilizar y hacer incidencia para comprender cómo se da la interseccionalidad en la discriminación en el contexto de la globalidad, pues la imposición de un modelo económico global determina, agrava y profundiza la exclusión. La discriminación hace referencia a aquella parte de la humanidad que ha estado excluida de participar en los asuntos de interés público y que detenta una ciudadanía incompleta, debido a que hay derechos a los que no acceden sino a través de una larga lucha. Ser parte de, estar integrada/o a un determinado conjunto social, implica el goce de derechos políticos, sociales, económicos y culturales. La base de la ciudadanía plena es estar en el circulo de manera diferenciada, (valorando su diversidad y diferencia) pero no discriminada por el color, la etnia, el sexo, la edad, y excluida del acceso y control de los recursos, a la educación, al mercado formal de trabajo. La posibilidad de construcción de una cultura pública, implica que todas las instituciones de la sociedad (escuela, familia, medios de comunicación, gobierno, etc.) luchen activamente contra la discriminación racial, sexista y de clase y que reconozcan aportes diferentes, que pueden hacer los distintos grupos culturales de una sociedad.

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Manifiesto ante la nueva derogación del Aborto Terapéutico en Nicaragua

Recogido de AWID - Sara Cuentas

Punto Focal de la Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe

Para las Mujeres del mundo y en particular de América Latina y el Caribe, hacer historia y contar la historia, dista mucho de la verdad, cuando se trata de decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas:

- "30 Mujeres se suicidan al año, tras conocer de embarazos no deseados". Sin embargo, el ministerio reconoció que la cifra puede ser mayor porque muchas muertes de jóvenes de condiciones de extrema pobreza o que viven en zona alejadas en provincias, no son denunciadas por los familiares.

- Las muertes de adolescentes y jóvenes embarazadas que "usan pastillas de gramoxone, té de narciso y todo tipo de fármacos en función de que les baje la menstruación, no con la intención de suicidarse, pero se intoxican y mueren", no están en las estadísticas de Muerte Materna.

- Aumentan casos de niñas de 10 años embarazadas. "Lo más triste es que estas niñas, ni siquiera saben por qué les crece el estomago y son tan pequeñas que tanto ellas, como los bebés corren grandes riesgos".

- Campaña para despenalizar el aborto."La propuesta de una coalición de organizaciones civiles de incluir la despenalización del aborto en la reforma del código penal..., genera fuertes presiones contrarias de las jerarquías de la Iglesia Católica sobre el Congreso legislativo".

Las cuatro noticias antes mencionadas, hacen perder la ubicación geográfica de dónde suceden los hechos, cuatro países diferentes; Perú, Nicaragua, Guatemala y República Dominicana, todos con realidades similares como países latinoamericanos y del Caribe, precisamente porque las mujeres, adolescente y jóvenes que mueren a causa de un aborto inseguro, pertenecen a las poblaciones que viven en condiciones de pobreza.

Mujeres organizadas y no organizadas, feministas y no feministas, pertenecientes o no a alguna iglesia o religión, hombres y mujeres profesionales y no profesionales, así como las asociaciones médicas y de ginecoobstetricia en América Latina y el Caribe, han abundado en argumentos, evidencias y cifras, que demuestran que el castigo hacia las mujeres, no disminuye la cantidad de abortos clandestinos y sobre todo inseguros para las mujeres pobres.

El aborto inseguro es un problema de salud de las mujeres, que pos su magnitud se ha convertido en un problema de salud pública, que está contra la vida, la salud y la integridad de las mujeres en edad reproductiva.

"Aproximadamente 3.7 millones de abortos inducidos ocurren cada año en Latinoamérica y el Caribe, y se estima que un 17% de muertes maternas se deben al aborto inseguro".

Lejos del humanismo para salvar la vida de las mujeres, los gobiernos de Honduras, El Salvador, Chile y ahora -con más de 100 años de retroceso histórico- Nicaragua reitera la decisión tomada en octubre 2006 y con el patrocinio del gobierno del Frente Sandinista, se suma a los únicos países del mundo que condenan a las mujeres, adolescentes y niñas pobres a la cárcel o al cementerio, negándoles el derecho al aborto terapéutico.

Por otro lado, existe la complicidad de los gobiernos e iglesias con la masculinidad machista y doble moral, que no asume con políticas públicas de población, la prevención de los embarazos no deseados y la epidemia de abusos y violaciones sexuales a mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas, que promueva con el ejemplo la corresponsabilidad de la eyaculación y embarazo responsable y en pareja, que proporcione dicha y felicidad a las nuevas Vidas.

En la mayoría de los gobiernos, donde se destaca la influencia de las distintas iglesias; católicas y evangélicas, asumen el poder sobre la ciudadanía de las mujeres, violando el principio de Estado Laico, con una mezcla político-religiosa, legislando desde los púlpitos, condenando a las mujeres a la muerte por pecadoras y/o delincuentes.

Mientras no exista la capacidad de legislar separando lo divino y pecaminoso, como asunto personal de fe, con las leyes que respondan a los derechos humanos sobre la base de la democracia; en Igualdad y Libertad individual, los cuerpos y las vidas de las mujeres, estarán siempre dependientes de la doble moral y fundamentalismos religiosos que les sigue matando.

Las organizaciones, redes y mujeres a título individual desde el Punto Focal de la Campaña 28 de septiembre por la despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, retomando lo positivo de esta ardua lucha, felicitamos y celebramos con las mujeres y hombres que hicieron posible la despenalización del aborto en Colombia y el Distrito Federal de México, como esperanza de lo que puede suceder en el resto de los países Latinoamericanos y del Caribe.

Asimismo, denunciamos al gobierno de Nicaragua que viola los derechos humanos de las mujeres, en particular los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, el cumplimiento de los distintos tratados, convenciones y compromisos internacionales tales como; La Declaración Universal de los Derechos Humanos, La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Las Naciones Unidas, La Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, La Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), así como la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

POR UNA DEMOCRACIA DONDE LAS MUJERES DECIDEN SOBRE SUS CUERPOS Y SUS VIDAS...SI A LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO.

Managua, 13 de septiembre del 2007

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UN PASO IMPORTANTE EN LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD EN AMÉRICA LATINA:

En Chile se encamina la solución al pedido de extradición de Fujimori

Por Sara Cuentas

El dictamen emitido por la fiscal suprema de Chile, Mónica Maldonado y entregado en el palacio de tribunales, el pasado 7 de junio, recomendando la extradición de Alberto Fujimori, ha sido reconocido por las familias de las víctimas, las y los defensores de derechos humanos y por todas las personas que hemos apostado siempre por la democracia y el estado de derecho en el Perú como un paso importante en la lucha contra la impunidad en América Latina.

El informe de la fiscal Mónica Maldonado, desconoce todos los argumentos de defensa de Fujimori y afirma que está probada la comisión de los crímenes que se indican y que el extraditable tuvo participación directa en la consumación y ocultamiento de esos actos ilícitos. Considera que hay indicios suficientes de su participación en las violaciones de derechos humanos de La Cantuta y Barrios Altos, la ilegal indemnización entregada a Montesinos, los sobornos y otros cargos de peculado que justifican su extradición para ser juzgado ante tribunales peruanos. Si bien, esta opinión no es vinculante, pues no obliga al juez supremo Orlando Álvarez a emitir sentencia en el mismo sentido, es fundamental porque ilustra y direcciona el fallo a favor de la extradición.

Es necesario recordar que, durante los diez años en los que Alberto Fujimori fue presidente de Perú (1990-2000), organismos de derechos humanos documentaron miles de casos en los que las fuerzas armadas cometieron violaciones de los derechos humanos. Que durante su mandato, hubo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, malos tratos, amenazas de muerte, hostigamiento, detenciones arbitrarias y juicios injustos. Esta realidad evidenció el carácter generalizado y sistemático de estas violaciones y las convirtió en crímenes de lesa humanidad en virtud del derecho internacional, como bien lo señaló Amnistía Internacional.

A diferencia de lo ocurrido con los gobiernos de la década de los ochenta en el Perú, durante los dos períodos de gobierno de Alberto Fujimori, y particularmente desde el 5 de abril de 1992, se dio una relación funcional entre poder político y conducta criminal, tal como afirmó la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su Informe Final. Desde el gobierno de Fujimori, de manera intencional y progresiva, se organizó una estructura estatal para controlar todos los poderes del Estado, utilizando procedimientos formales/legales que aseguraron la impunidad para actos violatorios de los derechos humanos, primero, y de corrupción después.

Durante los diez años en que Alberto Fujimori estuvo en la presidencia se impidió deliberadamente la investigación de miles de casos de graves violaciones de derechos humanos, encubriendo y obstaculizando la sanción de los responsables. Estos crímenes rara vez fueron objeto de investigación. Como consecuencia de ello, se protegió una política de violación de los derechos y emitiendo leyes cuyo único objeto fue la impunidad.

La impunidad, que había sido una práctica institucionalizada se legalizó el 14 de junio de 1995. El Congreso de la Nación promulgó una ley de amnistía en virtud de la cual se concedió una amnistía general a todos los miembros de las fuerzas armadas y a los civiles que habían sido denunciados, investigados, acusados, juzgados o condenados, o que cumplían penas de prisión, por violaciones de derechos humanos cometidas entre mayo de 1980 y el 15 de junio de 1995. De esta manera, el gobierno de Alberto Fujimori se aseguró de que las familias y víctimas de las graves violaciones de derechos humanos atribuidas a miembros de las fuerzas armadas no pudieran obtener ni verdad ni justicia.


Además, la intimidación y las amenazas de muerte formaron parte de la vida cotidiana de las y los defensores de los derechos humanos en el país. Ellos/as, las víctimas y familiares, que presentaban quejas sobre los abusos de las fuerzas de seguridad, vivían en un perenne clima de temor. Las/os defensores de los derechos humanos lo sintieron intensamente como resultado de las repetidas acusaciones del Presidente Fujimori y otras autoridades, quienes les imputaron complicidad con los grupos terroristas.

Otra de las violaciones de derechos humanos, cometidas por el gobierno de Fujimori, que afectaron directamente a más de 250 mil mujeres, fue la aplicación de una campaña sistemática de esterilización de miles de mujeres en las zonas más deprimidas del país. A lo largo de los años 1996, 1997 y 1998 estas mujeres fueron esterilizadas, muchas de ellas sin su consentimiento. Así lo reveló el informe “Nada personal” elaborado por el Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos (CLADEM), coordinado por Giulia Tamayo, abogada e investigadora en derechos humanos, y basado en casos de mujeres totalmente identificados.

El informé reveló que el Gobierno de Alberto Fujimori estableció metas numéricas de usuarias a nivel nacional exclusivamente para el método de anticoncepción quirúrgica y que estas intervenciones se hicieron con presión y estímulos a los establecimientos de salud y al personal médico para el cumplimiento de dichas cuotas, y con engaños, coacciones y promesas incumplidas hacia las mujeres, lo que propició violaciones de los derechos humanos. Dichas metas, según revelaron funcionarios de alto nivel, eran conseguir 100.000 esterilizaciones el año 1996, 130.000 el 97 y 165.827 este año.
Las violaciones cometidas durante el gobierno de Alberto Fujimori entre los años 1990 y 2000 constituyen crímenes contra la humanidad, es decir, en agravio toda la humanidad; y el derecho internacional reconoce como tales, entre otros crímenes, la práctica generalizada o sistemática del homicidio, la tortura, el encarcelamiento arbitrario y la desaparición forzada de personas.

En este sentido, todos los Estados, incluidos Chile y Perú, tienen la obligación de investigar y, en su caso, de procesar y castigar a las personas responsables de haber cometido u ordenado cometer crímenes contra la humanidad y de colaborar en su aprehensión, detención, extradición y castigo.

Desde que Alberto Fujimori fue detenido en Chile el 7 de noviembre de 2005, a pedido de las autoridades peruanas, tanto las familias y sobrevivientes de la masacre de Barrios Altos, como las de las víctimas de La Cantuta, y millares de otras personas, que fueron víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales o perdieron a sus seres queridos, esperan que por fin se haga justicia.

Ahora, la decisión sobre el pedido de extradición depende de la Corte Suprema de Chile y esperamos que tome en cuenta la valoración de la fiscal Maldonado para impedir que Fujimori continue protegiéndose bajo el manto de la impunidad.

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Sobre Fujimori, Kissinger y la ilusión de la justicia

Por Verónica Díaz Cerda

Después de la histórica detención de Pinochet en Londres, quisimos creer que los dictadores habían sido derrotados, que nuestros muertos y desaparecidos le habían ganado al olvido y a la amnistía, que los responsables de genocidios, masacres, torturas y otros crímenes contra la humanidad ya no eran intocables, que ya no podrían pasear tranquilos por el mundo porque la mano de la justicia era ahora más poderosa que sus mantos de inmunidad.

Pero los Fujimoris y los Kissingers siguen paseando imperturbables, sin atisbos de miedo ni arrepentimiento, casi siempre con una sonrisa, burlando a la justicia. Y aunque la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, por fin acaba de recomendar la extradición del ex presidente peruano –decisión que seguramente ratificará el fiscal Orlando Álvarez- lo cierto es que el autor de la política masiva, sistemática e institucionalizada de violaciones a los derechos humanos de nuestro vecino país, vive en Chile desde más de un año y medio, en una cómoda casa de Las Condes. Impasible, con libertad bajo fianza, se le ha visto comprando yogur en el supermercado, visitando Pucón y Rancagua o jugando golf.

Henry Kissinger, en tanto -el ex secretario de estado norteamericano y el mismísimo que recibió paradójicamente el Premio Nobel de la Paz- se pasea tranquilo por Londres o Paris dictando conferencias sobre las relaciones internacionales. Impertérrito frente las acusaciones por la matanza, mutilación, tortura y desplazamiento forzoso de poblaciones civiles en Vietnam, Laos y Camboya hace más de tres décadas. Impávido frente a las acusaciones que lo vinculan con el asesinato del general chileno René Schneider y el apoyo explícito otorgado a Pinochet, revelado no sólo por los archivos desclasificados por el estado norteamericano, sino también por la meticulosa investigación de Christopher Hitchens, uno de mis periodistas favoritos.

No obstante las evidencias, la petición del juez Baltasar Garzón de interrogar a Kissinger por el apoyo a Pinochet, fue rechazada. Las treinta preguntas que el juez Juan Guzmán le envió para indagar más sobre su relación con el General Pinochet, jamás obtuvieron respuesta. Está claro, en todo caso, que Chile y muchos otros estados, incluso con evidencias en la mano, nunca osarían pedir u otorgar la extradición de un ex secretario norteamericano.


En el caso de Fujimori, cualquiera sea su destino desde ahora, y más allá de los aplausos que pueda desencadenar la inminente resolución de la Corte Suprema de Chile, no hay que olvidar que su juicio de extradición ha tardado casi dos años. Y que pese a la existencia de una orden de captura internacional y de los instrumentos legales para hacerla efectiva, no fue expulsado inmediatamente del país para someterlo a jurisdicción de los tribunales peruanos. ¿Por qué?...porque tanto el entonces gobierno de Lagos como el de Bachelet ahora, quiso y quiere ahorrarle los “costos políticos” de una eventual extradición a su homólogo peruano y de paso afianzar las relaciones bilaterales entre ambos países, que siempre han estado atribuladas por el conflicto de la delimitación marítima y terrestre.

Aunque Bachelet ha dicho que el gobierno respetará la decisión final del máximo tribunal de justicia, Alan García no se da por aludido y continua enviando mensajes - casi subterfurgiamente- a La Moneda, diciendo que una extradición significaría tensionar al máximo las relaciones entre ambos países, según nos cuenta el diario La Tercera en su edición del viernes 8 de junio. El mismo periódico asegura que “hay quienes en la Concertación ven en la permanencia de Fujimori en Chile una eventual herramienta de negociación con Lima” debido al complejo escenario por las que atraviesan las relaciones bilaterales.

Análisis políticos preliminares apuntan a la improbabilidad de que el juez Álvarez rechace el informe de la fiscal y no de luz verde a la extradición. No obstante, es de esperar que en su decisión final incluya los delitos de violaciones a los derechos humanos- la matanza de “La Cantata” y la masacre de Barrios Altos, ya considerados por la fiscal- puesto que las acusaciones que sean excluidas en Chile no podrán ser utilizadas por los tribunales peruanos.

El juez Guzmán denunció no hace mucho presiones por parte del ministerio de justicia cuando investigaba a Pinochet, pese a las declaraciones de buenas intenciones de Lagos y a la supuesta independencia de los tribunales chilenos. ¿Podemos confiar entonces en las palabras de Bachelet que descartan cualquier acuerdo político entre Santiago y Lima?

Queremos seguir creyendo, pese a que la realidad nos muestra que el estado chileno y otros tantos ratifican normas internacionales de derechos humanos por razones puramente instrumentales. Que suscriben tratados simplemente para no ser excluidos de la comunidad internacional o porque a sabiendas de que el derecho internacional carece de un mecanismo efectivo de imposición, adoptan normas para esconder más abusos. Queremos seguir confiando, pese a que la realidad nos confirma tristemente una de los principios de las relaciones internacionales: que los estados son actores egoístas y racionales, que buscan estratégicamente maximizar sus propios intereses y que, al fin y al cabo, vivimos en un sistema anárquico, donde no hay una autoridad central y gana la ley del más fuerte.

Sí, queremos seguir creyendo que los dictadores están para ser derrotados, que nuestros muertos y desaparecidos le ganarán un día al olvido y a la amnistía, que los responsables de genocidios, masacres, torturas y otros crímenes contra la humanidad ya no serán intocables, que ya no podrán pasear tranquilos por el mundo porque la mano de la justicia será ahora más poderosa que sus mantos de inmunidad.

Verónica Díaz C.
Fotografia: AFP

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Tiempo Perdido (¿?????)

Por Carolina Ruz

Quisiera contar mi experiencia personal en torno a mi regreso a Chile, con dos niños pequeños en los brazos. Antes que nada no me considero una caso de asistencia social, aunque a veces si necesito un apoyo mas allá de mis fronteras doméstica que me recuerde que el papel de socialización que realizo cada día, lo han realizado miles de otras mujeres en la historias de este siglo. Y que al igual como tantas otras mujeres reflejo una condición de la división social del trabajo (separación entre mundo privado y mundo público)
Porque una de las cosas que me ha pasado es que no tengo tiempo y a estas alturas pareciera asumir el concepto de tiempo que tiene el sistema capitalista, es decir que el tiempo dedicado a la maternidad es tiempo perdido en el mercado productivo. Que lo asuma no quiere decir que estoy de acuerdo con esto. El tiempo dedicado al cuidado de mis hijos me deja un margen estrecho al final del día que no alcanza a ser utilizado en mis intereses (leer una novela, estudiar, escribir o entrar a las páginas de Internet que me interesan), pero que sin embargo es un tiempo que considero importantísimo.

Si las madres pudiéramos entrar en las estadísticas sobre el uso del tiempo al igual como entramos en las estadísticas sobre participación en la fuerza de trabajo, (las encuestas de uso de tiempo son una herramienta eficaz para medir pobreza.), se podría visualizar cotidianamente el esfuerzo de organización, de stress y de horas de trabajo que aportamos a la sociedad.
Al ser un caso estadístico, es importante resaltar la importancia que tiene el tiempo que utilizamos en las labores asociadas a la reproducción social, lo que revela entre otras cosas, las capacidades y necesidades individuales que tenemos cubiertas por el Estado y las que no cubre este sistema social (más importa que lo cubra el Estado que el Mercado). Estas necesidades bien pueden y deben estar traducida en derechos sociales y ciudadanos (acceso a transferencias estatales, políticas de conciliación trabajo y vida familiar, y la repartición igualitaria del trabajo de cuidado familiar con los hombres).

Pero ¿que me pierdo?; pues pierdo probabilidades de encontrar mejores trabajos (y mejores oportunidades de recreación, de encuentros con amigas,…), y la otra pregunta central es ¿que probabilidad tengo de ejercer plenamente en el plano laboral mis capacidades profesionales al igual que un hombre?.

¿Cual es la responsabilidad central que te asigna la sociedad como madre?: la respuesta es el cuidado de los hijos, pero para efectuar ese cuidado tenemos que sacrificarnos tanto? ¿O la Sociedad en su conjunto debe hacer un esfuerzo por compensar la función de cuidado que ejercen las mujeres en el plano de la familia?

En una Encuesta reciente que realizó el Instituto Libertad y Desarrollo en Mayo, con una muestra de 500 hogares con hijos menores de 18 años en la región metropolitana, cuando se pregunta si a juicio de los entrevistados cuáles instituciones tienen mas peso en el fortalecimiento de la familia; ( si la iglesia, los medios de comunicación, los tribunales de justicia, la legislación vigente, o el congreso ) resulta que, un 56% piensa que es la Iglesia quien es responsable del fortalecimiento de la familia. Lo que sigue, en otro ítems de la encuesta es una pregunta acerca de el futuro de los hijos y un 69% de la muestra piensa que lo mejor es que la madre trabaje tiempo parcial y un 38% que la madre no trabaje ( ¿????)

Signos de interrogación me llevan a cuestionarme tales convicciones acerca del rol que tienen las madres en el futuro de los hijos y la disyuntiva entre sus vidas personales y la vida para los otros. Porque por ultimo yo podría pensar ¿Quien es la iglesia para decirme a mi , que lo más importante de mi vida es la función que realizo con mis hijos?. Frente a esto yo puedo hacer dos cosas: acatar ese mandato al cual no adhiero y no cuestionarme nada de nada, porque así lo dicen “las instituciones” o simplemente indagar en otras fuentes menos cercanas al conservadurismo. Yo creo que en Chile existen esos dos caminos alternativamente opuestos de pensarse en la realidad: acatar la responsabilidad y el rol que te asignan las instituciones más importantes de la sociedad, es decir asumir a la sociedad patriarcal o buscar la forma de ejercer mis derechos de ciudadana. Lo que implica también reencontrarme con un conocimiento sobre la realidad de las mujeres que específicamente está más cercano al feminismo que a otro tipo, pero que esta mucho mas lejos de las ciudadanas de este país.

Para concluir quisiera decir que creo que la inmensa mayoría de las mujeres madres lo que busca es compatibilizar la vida laboral con la vida familiar, pero compatibilizar significa para las mujeres trabajar menos y por ende ganar o no ganar lo mismo?. Porque resulta que lo que están diciendo las estadísticas es que a igual trabajo de los hombres recibimos menos salarios. Entonces se nos pagará lo mismo?, y por último: A todas por igual?, sin diferenciar nivel educativo, capital cultural y capital social?
CAROLINA RUZ
CR1 Instituto de estudios cercano a los sectores conservadores del país

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