En Chile se encamina la solución al pedido de extradición de Fujimori
Por Sara Cuentas
El dictamen emitido por la fiscal suprema de Chile, Mónica Maldonado y entregado en el palacio de tribunales, el pasado 7 de junio, recomendando la extradición de Alberto Fujimori, ha sido reconocido por las familias de las víctimas, las y los defensores de derechos humanos y por todas las personas que hemos apostado siempre por la democracia y el estado de derecho en el Perú como un paso importante en la lucha contra la impunidad en América Latina.
El informe de la fiscal Mónica Maldonado, desconoce todos los argumentos de defensa de Fujimori y afirma que está probada la comisión de los crímenes que se indican y que el extraditable tuvo participación directa en la consumación y ocultamiento de esos actos ilícitos. Considera que hay indicios suficientes de su participación en las violaciones de derechos humanos de La Cantuta y Barrios Altos, la ilegal indemnización entregada a Montesinos, los sobornos y otros cargos de peculado que justifican su extradición para ser juzgado ante tribunales peruanos. Si bien, esta opinión no es vinculante, pues no obliga al juez supremo Orlando Álvarez a emitir sentencia en el mismo sentido, es fundamental porque ilustra y direcciona el fallo a favor de la extradición.
Es necesario recordar que, durante los diez años en los que Alberto Fujimori fue presidente de Perú (1990-2000), organismos de derechos humanos documentaron miles de casos en los que las fuerzas armadas cometieron violaciones de los derechos humanos. Que durante su mandato, hubo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, malos tratos, amenazas de muerte, hostigamiento, detenciones arbitrarias y juicios injustos. Esta realidad evidenció el carácter generalizado y sistemático de estas violaciones y las convirtió en crímenes de lesa humanidad en virtud del derecho internacional, como bien lo señaló Amnistía Internacional.
A diferencia de lo ocurrido con los gobiernos de la década de los ochenta en el Perú, durante los dos períodos de gobierno de Alberto Fujimori, y particularmente desde el 5 de abril de 1992, se dio una relación funcional entre poder político y conducta criminal, tal como afirmó la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su Informe Final. Desde el gobierno de Fujimori, de manera intencional y progresiva, se organizó una estructura estatal para controlar todos los poderes del Estado, utilizando procedimientos formales/legales que aseguraron la impunidad para actos violatorios de los derechos humanos, primero, y de corrupción después.
Durante los diez años en que Alberto Fujimori estuvo en la presidencia se impidió deliberadamente la investigación de miles de casos de graves violaciones de derechos humanos, encubriendo y obstaculizando la sanción de los responsables. Estos crímenes rara vez fueron objeto de investigación. Como consecuencia de ello, se protegió una política de violación de los derechos y emitiendo leyes cuyo único objeto fue la impunidad.
La impunidad, que había sido una práctica institucionalizada se legalizó el 14 de junio de 1995. El Congreso de la Nación promulgó una ley de amnistía en virtud de la cual se concedió una amnistía general a todos los miembros de las fuerzas armadas y a los civiles que habían sido denunciados, investigados, acusados, juzgados o condenados, o que cumplían penas de prisión, por violaciones de derechos humanos cometidas entre mayo de 1980 y el 15 de junio de 1995. De esta manera, el gobierno de Alberto Fujimori se aseguró de que las familias y víctimas de las graves violaciones de derechos humanos atribuidas a miembros de las fuerzas armadas no pudieran obtener ni verdad ni justicia.
Además, la intimidación y las amenazas de muerte formaron parte de la vida cotidiana de las y los defensores de los derechos humanos en el país. Ellos/as, las víctimas y familiares, que presentaban quejas sobre los abusos de las fuerzas de seguridad, vivían en un perenne clima de temor. Las/os defensores de los derechos humanos lo sintieron intensamente como resultado de las repetidas acusaciones del Presidente Fujimori y otras autoridades, quienes les imputaron complicidad con los grupos terroristas.
Otra de las violaciones de derechos humanos, cometidas por el gobierno de Fujimori, que afectaron directamente a más de 250 mil mujeres, fue la aplicación de una campaña sistemática de esterilización de miles de mujeres en las zonas más deprimidas del país. A lo largo de los años 1996, 1997 y 1998 estas mujeres fueron esterilizadas, muchas de ellas sin su consentimiento. Así lo reveló el informe “Nada personal” elaborado por el Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos (CLADEM), coordinado por Giulia Tamayo, abogada e investigadora en derechos humanos, y basado en casos de mujeres totalmente identificados.
El informé reveló que el Gobierno de Alberto Fujimori estableció metas numéricas de usuarias a nivel nacional exclusivamente para el método de anticoncepción quirúrgica y que estas intervenciones se hicieron con presión y estímulos a los establecimientos de salud y al personal médico para el cumplimiento de dichas cuotas, y con engaños, coacciones y promesas incumplidas hacia las mujeres, lo que propició violaciones de los derechos humanos. Dichas metas, según revelaron funcionarios de alto nivel, eran conseguir 100.000 esterilizaciones el año 1996, 130.000 el 97 y 165.827 este año.
Las violaciones cometidas durante el gobierno de Alberto Fujimori entre los años 1990 y 2000 constituyen crímenes contra la humanidad, es decir, en agravio toda la humanidad; y el derecho internacional reconoce como tales, entre otros crímenes, la práctica generalizada o sistemática del homicidio, la tortura, el encarcelamiento arbitrario y la desaparición forzada de personas.
En este sentido, todos los Estados, incluidos Chile y Perú, tienen la obligación de investigar y, en su caso, de procesar y castigar a las personas responsables de haber cometido u ordenado cometer crímenes contra la humanidad y de colaborar en su aprehensión, detención, extradición y castigo.
Desde que Alberto Fujimori fue detenido en Chile el 7 de noviembre de 2005, a pedido de las autoridades peruanas, tanto las familias y sobrevivientes de la masacre de Barrios Altos, como las de las víctimas de La Cantuta, y millares de otras personas, que fueron víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales o perdieron a sus seres queridos, esperan que por fin se haga justicia.
Ahora, la decisión sobre el pedido de extradición depende de la Corte Suprema de Chile y esperamos que tome en cuenta la valoración de la fiscal Maldonado para impedir que Fujimori continue protegiéndose bajo el manto de la impunidad.
