Sobre Fujimori, Kissinger y la ilusión de la justicia

Por Verónica Díaz Cerda

Después de la histórica detención de Pinochet en Londres, quisimos creer que los dictadores habían sido derrotados, que nuestros muertos y desaparecidos le habían ganado al olvido y a la amnistía, que los responsables de genocidios, masacres, torturas y otros crímenes contra la humanidad ya no eran intocables, que ya no podrían pasear tranquilos por el mundo porque la mano de la justicia era ahora más poderosa que sus mantos de inmunidad.

Pero los Fujimoris y los Kissingers siguen paseando imperturbables, sin atisbos de miedo ni arrepentimiento, casi siempre con una sonrisa, burlando a la justicia. Y aunque la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, por fin acaba de recomendar la extradición del ex presidente peruano –decisión que seguramente ratificará el fiscal Orlando Álvarez- lo cierto es que el autor de la política masiva, sistemática e institucionalizada de violaciones a los derechos humanos de nuestro vecino país, vive en Chile desde más de un año y medio, en una cómoda casa de Las Condes. Impasible, con libertad bajo fianza, se le ha visto comprando yogur en el supermercado, visitando Pucón y Rancagua o jugando golf.

Henry Kissinger, en tanto -el ex secretario de estado norteamericano y el mismísimo que recibió paradójicamente el Premio Nobel de la Paz- se pasea tranquilo por Londres o Paris dictando conferencias sobre las relaciones internacionales. Impertérrito frente las acusaciones por la matanza, mutilación, tortura y desplazamiento forzoso de poblaciones civiles en Vietnam, Laos y Camboya hace más de tres décadas. Impávido frente a las acusaciones que lo vinculan con el asesinato del general chileno René Schneider y el apoyo explícito otorgado a Pinochet, revelado no sólo por los archivos desclasificados por el estado norteamericano, sino también por la meticulosa investigación de Christopher Hitchens, uno de mis periodistas favoritos.

No obstante las evidencias, la petición del juez Baltasar Garzón de interrogar a Kissinger por el apoyo a Pinochet, fue rechazada. Las treinta preguntas que el juez Juan Guzmán le envió para indagar más sobre su relación con el General Pinochet, jamás obtuvieron respuesta. Está claro, en todo caso, que Chile y muchos otros estados, incluso con evidencias en la mano, nunca osarían pedir u otorgar la extradición de un ex secretario norteamericano.


En el caso de Fujimori, cualquiera sea su destino desde ahora, y más allá de los aplausos que pueda desencadenar la inminente resolución de la Corte Suprema de Chile, no hay que olvidar que su juicio de extradición ha tardado casi dos años. Y que pese a la existencia de una orden de captura internacional y de los instrumentos legales para hacerla efectiva, no fue expulsado inmediatamente del país para someterlo a jurisdicción de los tribunales peruanos. ¿Por qué?...porque tanto el entonces gobierno de Lagos como el de Bachelet ahora, quiso y quiere ahorrarle los “costos políticos” de una eventual extradición a su homólogo peruano y de paso afianzar las relaciones bilaterales entre ambos países, que siempre han estado atribuladas por el conflicto de la delimitación marítima y terrestre.

Aunque Bachelet ha dicho que el gobierno respetará la decisión final del máximo tribunal de justicia, Alan García no se da por aludido y continua enviando mensajes - casi subterfurgiamente- a La Moneda, diciendo que una extradición significaría tensionar al máximo las relaciones entre ambos países, según nos cuenta el diario La Tercera en su edición del viernes 8 de junio. El mismo periódico asegura que “hay quienes en la Concertación ven en la permanencia de Fujimori en Chile una eventual herramienta de negociación con Lima” debido al complejo escenario por las que atraviesan las relaciones bilaterales.

Análisis políticos preliminares apuntan a la improbabilidad de que el juez Álvarez rechace el informe de la fiscal y no de luz verde a la extradición. No obstante, es de esperar que en su decisión final incluya los delitos de violaciones a los derechos humanos- la matanza de “La Cantata” y la masacre de Barrios Altos, ya considerados por la fiscal- puesto que las acusaciones que sean excluidas en Chile no podrán ser utilizadas por los tribunales peruanos.

El juez Guzmán denunció no hace mucho presiones por parte del ministerio de justicia cuando investigaba a Pinochet, pese a las declaraciones de buenas intenciones de Lagos y a la supuesta independencia de los tribunales chilenos. ¿Podemos confiar entonces en las palabras de Bachelet que descartan cualquier acuerdo político entre Santiago y Lima?

Queremos seguir creyendo, pese a que la realidad nos muestra que el estado chileno y otros tantos ratifican normas internacionales de derechos humanos por razones puramente instrumentales. Que suscriben tratados simplemente para no ser excluidos de la comunidad internacional o porque a sabiendas de que el derecho internacional carece de un mecanismo efectivo de imposición, adoptan normas para esconder más abusos. Queremos seguir confiando, pese a que la realidad nos confirma tristemente una de los principios de las relaciones internacionales: que los estados son actores egoístas y racionales, que buscan estratégicamente maximizar sus propios intereses y que, al fin y al cabo, vivimos en un sistema anárquico, donde no hay una autoridad central y gana la ley del más fuerte.

Sí, queremos seguir creyendo que los dictadores están para ser derrotados, que nuestros muertos y desaparecidos le ganarán un día al olvido y a la amnistía, que los responsables de genocidios, masacres, torturas y otros crímenes contra la humanidad ya no serán intocables, que ya no podrán pasear tranquilos por el mundo porque la mano de la justicia será ahora más poderosa que sus mantos de inmunidad.

Verónica Díaz C.
Fotografia: AFP