Por Judith Muñoz Saavedra
Quienes analizan las consecuencias de la deuda, suelen adoptar una perspectiva de observadores/as externos/as frente a lo que pretenden explicar. En el intento de lograr reflexiones rigurosas y objetivas, muchas veces, olvidan/olvidamos aquello que hemos vivido y que nos ha motivado a ocuparnos de estos temas. A veces, es necesario recordar que las consecuencias de las políticas macroeconómicas se viven desde la proximidad y se leen desde lo cotidiano, por ello es imposible, a menos para mí, disociar mis recuerdos del análisis de la deuda, porque cuando era una niña y Chile aun vivía bajo la dictadura de Pinochet comencé a observar algunas cosa que cambiaron mi entorno más cercano:
• Muchos de los conocidos quedaron en el paro y se comenzó a hablar de exilio económico.
• Comenzaron a abundar las personas que trabajaban en la economía informal, la venta ambulante y la elaboración de productos caseros de cocina.
• Por primera vez en mi vida oí hablar de ollas comunes y comedores comunitarios.
• En los hospitales comenzaron a enviar a los enfermos/as a sus casas porque no había camas. Al mismo tiempo las parroquias, las ONGs y los consultorios empezaron a hacer talleres monitores de salud y primero auxilios.
• Algunos de mis compañeros/as de colegio empezaron a faltar a clases y algunos nunca volvieron.
• Mi madre, que era maestra, pasó de tener 20 alumnos en su aula a tener 40 o más.
Al cabo de un tiempo alguien me explicó que todo esto era culpa de algo que se llamaba deuda externa y que estábamos frente a un programa de ajuste estructural, que en términos simples era reducir el gasto público: todos excepto los militares, y aumentar los ingresos mediante la apertura comercia, la disminución de los salarios y la flexibilización laboral. Y a mis miedos de niña bajo la dictadura se sumó un nuevo fantasma que se llamaba “deuda externa”. Sin embargo, al poco tiempo la explicación que me dieron no me acababa de convencer y comencé a preguntar:
• ¿Por qué las madres de tantos de mis compañeros/as se marchaban del país?
• ¿Por qué la mayoría de las personas que trabajaban en la economía informal y vendían en la calle eran mujeres?
• ¿Por qué quienes llevaban adelante ollas comunes y comedores comunitarios eran mujeres?
• ¿Por qué los cursos de monitoras de salud y primeros auxilios solo iban dirigidos a mujeres?
• ¿Por qué a mi madre, a pesar de tener el doble de alumnos, le bajaron el sueldo a la mitad mientras que a los maestros hombres, les mantuvieron su escaso salario intacto?
• ¿Por qué quienes dejaron de ir al colegio y nunca volvieron fueron mayoritariamente las chicas y no los chicos?
Entonces, alguien me explicó que esto tenía que ver con el patriarcado y que aunque la deuda perjudicaba tanto a hombres cómo a mujeres era necesario considerar que las políticas económicas, comerciales y laborales tenían impactos diferenciados según el sexo, la clase social o la etnia. Han pasado más de 20 años desde esta experiencia, sin embargo hoy en día el ciclo de la deuda se sigue repitiendo en diversos países del mundo y el análisis de las políticas macroeconómicas y sus consecuencias, sigue ignorando sistemáticamente las desigualdades de poder entre los géneros, y los puntos de partida diferentes entre hombres y mujeres.
En estos 20 años, el modelo de globalización económica neoliberal se ha consolidado en Chile y en el mundo, dejando cifras que indican que el 1% más rico de la población concentra tantos ingresos como el 57% más pobre, y que 2,8 mil millones de personas viven con menos de dos dólares al día. De ellos el 80% son mujeres, lo que evidencia que las políticas neoliberales son generadoras de procesos de empobrecimiento en las mujeres y que si se quiere avanzar en la erradicación de este flagelo es imprescindible incoporar el análisis de las desigualdades de género.
Actualmente nos encontramos inmersos en un modelo económico que se muestra indiferente a las desigualdades entre regiones, sectores socioeconómicos y entre hombres y mujeres. Pero no es sólo eso, también se aprovecha de estas desigualdades y las refuerza en función del lucro de unos pocos. La deuda externa es un componente fundamental del neoliberalismo y es un instrumento de presión y control sobre los países del sur que profundiza el empobrecimiento y las desigualdades. Así, el modelo, se sostiene en base a las diferentes condiciones de vida y de trabajo que existen entre los países desarrollados y en desarrollo. Y se mantiene gracias al desmantelamiento del estado, a la privatización de los servicios públicos y al descalabro de las organizaciones gremiales y sindicales.
Ejemplo de ello, es que si no existiera la desregulación de los mercados y los bajos costos de mano de obra en países como China o Nicaragua, la empresa Walmart no habría sido capaz de generar ganancias anuales que exceden el PIB de las 2/3 partes de los países en vías de desarrollo. Gran parte de estas ganancias se obtuvieron gracias a la sobreexplotación de mujeres pobres, indígenas y rurales en fábricas o empresas maquiladoras.
Deuda Externa: precarización laboral y reforzamiento de la división sexual del trabajo.
En los países endeudados, el empeoramiento de las condiciones económicas incrementa la presión por la incorporación al trabajo remunerado. Las mujeres se insertan en un mercado laboral segregado por sexo, en sectores de menor productividad y sufren mayor desocupación, además las responsabilidades familiares las hacen más vulnerables a la precarización laboral. El deterioro de los ingresos familiares, la necesidad de generar un salario impulsa a las mujeres a aceptar cualquier tipo de trabajo, pero sin abandonar el trabajo doméstico, el cuidado y crianza de los niños/as, enfermos/as y ancianos/as, el trabajo comunitario y el de subsistencia. Muchas deben aceptar trabajos de peor calidad a cambio de flexibilidad horaria para compatibilizar el trabajo doméstico y el remunerado. De hecho, en el año 2002 aproximadamente la mitad de las ocupadas en América latina se ubicaba en el sector informal (49,4%) y por tanto carecían de cualquier tipo de protección social.
La participación de las mujeres en el mercado laboral se ve condicionado por lo que la economista feminista Ingrid Palmer (1992) ha denominado “el impuesto reproductivo, que se deriva del trabajo no remunerado que las mujeres realizan en los hogares, producto de un pacto no escrito por el que se consagró al varón como proveedor económico universal de las familias y a las mujeres como cuidadoras” . Así, la deuda externa refuerza una estructura laboral que descansa en la doble o triple jornada de la mujer y en la mantención de los roles tradicionales del patriarcado. Tal como señala el informe de Cepal (2007) “El aporte de las mujeres a la igualdad en América Latina y el Caribe” la división sexual del trabajo ha sido, y es, funcional a este sistema económico y al modelo de endeudamiento, ya que garantiza una oferta de mano de obra barata y subsidiada por el trabajo de las mujeres, que se hacen cargo sin costo de la producción de bienes y servicios que de otro modo tendrían que ser provistos por el mercado o por el Estado.
Los impactos diferenciados de la deuda externa
El pago de los intereses y reembolsos de la deuda agotan los recursos de los países, frente a lo cual, los gobiernos desarrollan políticas de restricción del gasto y de privatización de los servicios públicos. Las consecuencias de estas acciones no son neutrales en términos de género.
1.- La disminución del gasto público limita las áreas y las coberturas del estado en ámbitos como la salud, la educación, la protección social. Esto tiene un doble impacto para las mujeres porque, por razones basadas en estereotipos de género, los recortes afectan principalmente a programas y políticas dirigidos a mujeres y niñas y porque las mujeres deben asumir el coste de la reducción de los servicios sociales que antes prestaba el estado. La deuda externa genera así una carga adicional de trabajo para las mujeres ya que al ser responsables casi en exclusiva del cuidado, deben intensificar el tiempo de trabajo domestico para suplir y compensar el déficit de los servicios sociales.
2.- La privatización de la propiedad y/o el funcionamiento de empresas y servicios tales como el agua, saneamiento, telecomunicaciones, electricidad, salud y educación tiene como consecuencia directa el aumento de tarifas que excluyen y perjudican a las personas pobres, que mayoritariamente son mujeres. Pero también tiene efectos indirectos, que solo se pueden detectar si se consideran las relaciones de género. Por ejemplo:
• La privatización de los servicios de salud ha significado para muchas mujeres tener que asumir el cuidado de enfermos y de familiares que están envejeciendo, tanto por la disminución del número de camas en los hospitales como por no poder pagar los costos de los servicios, que ahora están en manos privadas.
• En países cómo Tanzania, la privatización del agua implica el desplazamiento hacia pozos públicos, esto aumenta la carga de trabajo de las mujeres ya que ellas son las responsables de llevarla a las familias. Esta es una razón por la que a menudo las mujeres jóvenes dejan de ir al a la escuela.
• La privatización de los sistemas de seguridad social en Latinoamérica (salud y pensiones) también incide más en las mujeres. Como la reproducción humana es considerada un asunto de mujeres, son ellas quienes deben aportar una contribución mayor de su salario para obtener cobertura de salud y durante los embarazos. Por su parte, la desigualdad en mercado laboral impide que las mujeres contribuyan a su fondo de pensiones de la misma manera que los hombres, lo que da como resultado pensiones más bajas que aumentando la pobreza de las mujeres mayores.
• Durante las crisis económicas la mayoría de las iniciativas para mejorar las condiciones de vida de la comunidad son desarrolladas por mujeres porque ellas están más cercanas a los problemas cotidianos y porque tienen una mayor predisposición al trabajo voluntario. Este aumento de la carga de trabajo de las mujeres ha sido conceptualizado como triple jornada.
Frente a esta situación las organizaciones feministas y de defensa de los derechos de las mujeres han planteado los siguientes desafíos:
1.- La abolición de la deuda sin condiciones, por ilegitima, por injusta y también por “sexista”.
En los países donde ha habido programas cancelación de la deuda, ha aumentado en promedio un 40% el gasto en educación y 70% en salud . Ello no implica, necesariamente, una mejora en las condiciones de vida de las mujeres pero es importante vigilar que este aumento del gasto social repercuta favorablemente en ellas. Al mismo tiempo, hay que estar alertas porque la condicionalidades de la cancelación de la deuda pueden traer nuevos impactos negativos en cuanto al género
2.-Es necesario incluir criterios de igualdad de género en las asignaciones de recursos provenientes de canjes y reestructuración de la deuda. Las necesidades de las mujeres deben estar presentes. Además hay que promover la participación de las mujeres en las veedurías ciudadanas, auditorias o en instancias similares. Los países endeudados tienen derecho a decidir como utilizar estos recursos y las mujeres deben poder exigir a sus gobiernos que usen el dinero en temas destinados a la equidad de género.
La deuda social con las mujeres.
La falta de reconocimiento del trabajo y de la doble o triple jornada de las mujeres implica que no se les considere como actoras económicas y que, por lo tanto, no se les vea como las grandes acreedoras de la deuda social. Una apuesta por la igualdad de género requiere reconocer que existe una deuda social acumulada con las mujeres, por contribuciones económicas no retribuidas y por el trabajo no pagado que han realizado y que ha permitido el funcionamiento del modelo. Como señala Magdalena León:
“Somos acreedoras, no solo por lo que no nos dan, sino por lo que damos, por lo que nos quitan, por lo que se destruye. Lo somos desde los aportes, no solo desde las carencias y limitaciones”
El reconocimiento de “lo que damos” no puede ser tan sólo una reivindicación de las mujeres del sur. En los países del norte hay un elemento central que no se puede ser desconocido y es que existe una “deuda de cuidados”. La deuda y la crisis del desempleo transforman a miles de mujeres en migrantes económicas. El norte rico necesita proveedoras de servicios domésticos y de cuidados para que su economía pueda funcionar y para que las mujeres puedan mejorar sus posibilidades en el mercado laboral. Así, el sistema no varía hacia la corresponsabilidad o el reparto de las tareas domésticas y de cuidado entre hombres y mujeres. La división sexual del trabajo se mantiene intacta y recibe un balón de oxigeno porque las mujeres del sur ayudan al norte a conciliar. Con esto la deuda social no hace más que aumentar, porque nadie se pregunta:
• ¿Quién cuida a las cuidadoras inmigrantes?
• ¿Quién cuida a aquellos y aquellas que las migrantes han dejado de cuidar?
• ¿Quién asume el costo personal, emocional y económico de los cuidados que se dejan de prestar a de hijos, hijas, ancianos y enfermos en los países del sur?
Cuando hablemos de deuda social, no podemos olvidar que el norte también tiene una deuda de cuidados con las mujeres del sur.
• Muchos de los conocidos quedaron en el paro y se comenzó a hablar de exilio económico.
• Comenzaron a abundar las personas que trabajaban en la economía informal, la venta ambulante y la elaboración de productos caseros de cocina.
• Por primera vez en mi vida oí hablar de ollas comunes y comedores comunitarios.
• En los hospitales comenzaron a enviar a los enfermos/as a sus casas porque no había camas. Al mismo tiempo las parroquias, las ONGs y los consultorios empezaron a hacer talleres monitores de salud y primero auxilios.
• Algunos de mis compañeros/as de colegio empezaron a faltar a clases y algunos nunca volvieron.
• Mi madre, que era maestra, pasó de tener 20 alumnos en su aula a tener 40 o más.
Al cabo de un tiempo alguien me explicó que todo esto era culpa de algo que se llamaba deuda externa y que estábamos frente a un programa de ajuste estructural, que en términos simples era reducir el gasto público: todos excepto los militares, y aumentar los ingresos mediante la apertura comercia, la disminución de los salarios y la flexibilización laboral. Y a mis miedos de niña bajo la dictadura se sumó un nuevo fantasma que se llamaba “deuda externa”. Sin embargo, al poco tiempo la explicación que me dieron no me acababa de convencer y comencé a preguntar:
• ¿Por qué las madres de tantos de mis compañeros/as se marchaban del país?
• ¿Por qué la mayoría de las personas que trabajaban en la economía informal y vendían en la calle eran mujeres?
• ¿Por qué quienes llevaban adelante ollas comunes y comedores comunitarios eran mujeres?
• ¿Por qué los cursos de monitoras de salud y primeros auxilios solo iban dirigidos a mujeres?
• ¿Por qué a mi madre, a pesar de tener el doble de alumnos, le bajaron el sueldo a la mitad mientras que a los maestros hombres, les mantuvieron su escaso salario intacto?
• ¿Por qué quienes dejaron de ir al colegio y nunca volvieron fueron mayoritariamente las chicas y no los chicos?
Entonces, alguien me explicó que esto tenía que ver con el patriarcado y que aunque la deuda perjudicaba tanto a hombres cómo a mujeres era necesario considerar que las políticas económicas, comerciales y laborales tenían impactos diferenciados según el sexo, la clase social o la etnia. Han pasado más de 20 años desde esta experiencia, sin embargo hoy en día el ciclo de la deuda se sigue repitiendo en diversos países del mundo y el análisis de las políticas macroeconómicas y sus consecuencias, sigue ignorando sistemáticamente las desigualdades de poder entre los géneros, y los puntos de partida diferentes entre hombres y mujeres.
En estos 20 años, el modelo de globalización económica neoliberal se ha consolidado en Chile y en el mundo, dejando cifras que indican que el 1% más rico de la población concentra tantos ingresos como el 57% más pobre, y que 2,8 mil millones de personas viven con menos de dos dólares al día. De ellos el 80% son mujeres, lo que evidencia que las políticas neoliberales son generadoras de procesos de empobrecimiento en las mujeres y que si se quiere avanzar en la erradicación de este flagelo es imprescindible incoporar el análisis de las desigualdades de género.
Actualmente nos encontramos inmersos en un modelo económico que se muestra indiferente a las desigualdades entre regiones, sectores socioeconómicos y entre hombres y mujeres. Pero no es sólo eso, también se aprovecha de estas desigualdades y las refuerza en función del lucro de unos pocos. La deuda externa es un componente fundamental del neoliberalismo y es un instrumento de presión y control sobre los países del sur que profundiza el empobrecimiento y las desigualdades. Así, el modelo, se sostiene en base a las diferentes condiciones de vida y de trabajo que existen entre los países desarrollados y en desarrollo. Y se mantiene gracias al desmantelamiento del estado, a la privatización de los servicios públicos y al descalabro de las organizaciones gremiales y sindicales.
Ejemplo de ello, es que si no existiera la desregulación de los mercados y los bajos costos de mano de obra en países como China o Nicaragua, la empresa Walmart no habría sido capaz de generar ganancias anuales que exceden el PIB de las 2/3 partes de los países en vías de desarrollo. Gran parte de estas ganancias se obtuvieron gracias a la sobreexplotación de mujeres pobres, indígenas y rurales en fábricas o empresas maquiladoras.
Deuda Externa: precarización laboral y reforzamiento de la división sexual del trabajo.
En los países endeudados, el empeoramiento de las condiciones económicas incrementa la presión por la incorporación al trabajo remunerado. Las mujeres se insertan en un mercado laboral segregado por sexo, en sectores de menor productividad y sufren mayor desocupación, además las responsabilidades familiares las hacen más vulnerables a la precarización laboral. El deterioro de los ingresos familiares, la necesidad de generar un salario impulsa a las mujeres a aceptar cualquier tipo de trabajo, pero sin abandonar el trabajo doméstico, el cuidado y crianza de los niños/as, enfermos/as y ancianos/as, el trabajo comunitario y el de subsistencia. Muchas deben aceptar trabajos de peor calidad a cambio de flexibilidad horaria para compatibilizar el trabajo doméstico y el remunerado. De hecho, en el año 2002 aproximadamente la mitad de las ocupadas en América latina se ubicaba en el sector informal (49,4%) y por tanto carecían de cualquier tipo de protección social.
La participación de las mujeres en el mercado laboral se ve condicionado por lo que la economista feminista Ingrid Palmer (1992) ha denominado “el impuesto reproductivo, que se deriva del trabajo no remunerado que las mujeres realizan en los hogares, producto de un pacto no escrito por el que se consagró al varón como proveedor económico universal de las familias y a las mujeres como cuidadoras” . Así, la deuda externa refuerza una estructura laboral que descansa en la doble o triple jornada de la mujer y en la mantención de los roles tradicionales del patriarcado. Tal como señala el informe de Cepal (2007) “El aporte de las mujeres a la igualdad en América Latina y el Caribe” la división sexual del trabajo ha sido, y es, funcional a este sistema económico y al modelo de endeudamiento, ya que garantiza una oferta de mano de obra barata y subsidiada por el trabajo de las mujeres, que se hacen cargo sin costo de la producción de bienes y servicios que de otro modo tendrían que ser provistos por el mercado o por el Estado.
Los impactos diferenciados de la deuda externa
El pago de los intereses y reembolsos de la deuda agotan los recursos de los países, frente a lo cual, los gobiernos desarrollan políticas de restricción del gasto y de privatización de los servicios públicos. Las consecuencias de estas acciones no son neutrales en términos de género.
1.- La disminución del gasto público limita las áreas y las coberturas del estado en ámbitos como la salud, la educación, la protección social. Esto tiene un doble impacto para las mujeres porque, por razones basadas en estereotipos de género, los recortes afectan principalmente a programas y políticas dirigidos a mujeres y niñas y porque las mujeres deben asumir el coste de la reducción de los servicios sociales que antes prestaba el estado. La deuda externa genera así una carga adicional de trabajo para las mujeres ya que al ser responsables casi en exclusiva del cuidado, deben intensificar el tiempo de trabajo domestico para suplir y compensar el déficit de los servicios sociales.
2.- La privatización de la propiedad y/o el funcionamiento de empresas y servicios tales como el agua, saneamiento, telecomunicaciones, electricidad, salud y educación tiene como consecuencia directa el aumento de tarifas que excluyen y perjudican a las personas pobres, que mayoritariamente son mujeres. Pero también tiene efectos indirectos, que solo se pueden detectar si se consideran las relaciones de género. Por ejemplo:
• La privatización de los servicios de salud ha significado para muchas mujeres tener que asumir el cuidado de enfermos y de familiares que están envejeciendo, tanto por la disminución del número de camas en los hospitales como por no poder pagar los costos de los servicios, que ahora están en manos privadas.
• En países cómo Tanzania, la privatización del agua implica el desplazamiento hacia pozos públicos, esto aumenta la carga de trabajo de las mujeres ya que ellas son las responsables de llevarla a las familias. Esta es una razón por la que a menudo las mujeres jóvenes dejan de ir al a la escuela.
• La privatización de los sistemas de seguridad social en Latinoamérica (salud y pensiones) también incide más en las mujeres. Como la reproducción humana es considerada un asunto de mujeres, son ellas quienes deben aportar una contribución mayor de su salario para obtener cobertura de salud y durante los embarazos. Por su parte, la desigualdad en mercado laboral impide que las mujeres contribuyan a su fondo de pensiones de la misma manera que los hombres, lo que da como resultado pensiones más bajas que aumentando la pobreza de las mujeres mayores.
• Durante las crisis económicas la mayoría de las iniciativas para mejorar las condiciones de vida de la comunidad son desarrolladas por mujeres porque ellas están más cercanas a los problemas cotidianos y porque tienen una mayor predisposición al trabajo voluntario. Este aumento de la carga de trabajo de las mujeres ha sido conceptualizado como triple jornada.
Frente a esta situación las organizaciones feministas y de defensa de los derechos de las mujeres han planteado los siguientes desafíos:
1.- La abolición de la deuda sin condiciones, por ilegitima, por injusta y también por “sexista”.
En los países donde ha habido programas cancelación de la deuda, ha aumentado en promedio un 40% el gasto en educación y 70% en salud . Ello no implica, necesariamente, una mejora en las condiciones de vida de las mujeres pero es importante vigilar que este aumento del gasto social repercuta favorablemente en ellas. Al mismo tiempo, hay que estar alertas porque la condicionalidades de la cancelación de la deuda pueden traer nuevos impactos negativos en cuanto al género
2.-Es necesario incluir criterios de igualdad de género en las asignaciones de recursos provenientes de canjes y reestructuración de la deuda. Las necesidades de las mujeres deben estar presentes. Además hay que promover la participación de las mujeres en las veedurías ciudadanas, auditorias o en instancias similares. Los países endeudados tienen derecho a decidir como utilizar estos recursos y las mujeres deben poder exigir a sus gobiernos que usen el dinero en temas destinados a la equidad de género.
La deuda social con las mujeres.
La falta de reconocimiento del trabajo y de la doble o triple jornada de las mujeres implica que no se les considere como actoras económicas y que, por lo tanto, no se les vea como las grandes acreedoras de la deuda social. Una apuesta por la igualdad de género requiere reconocer que existe una deuda social acumulada con las mujeres, por contribuciones económicas no retribuidas y por el trabajo no pagado que han realizado y que ha permitido el funcionamiento del modelo. Como señala Magdalena León:
“Somos acreedoras, no solo por lo que no nos dan, sino por lo que damos, por lo que nos quitan, por lo que se destruye. Lo somos desde los aportes, no solo desde las carencias y limitaciones”
El reconocimiento de “lo que damos” no puede ser tan sólo una reivindicación de las mujeres del sur. En los países del norte hay un elemento central que no se puede ser desconocido y es que existe una “deuda de cuidados”. La deuda y la crisis del desempleo transforman a miles de mujeres en migrantes económicas. El norte rico necesita proveedoras de servicios domésticos y de cuidados para que su economía pueda funcionar y para que las mujeres puedan mejorar sus posibilidades en el mercado laboral. Así, el sistema no varía hacia la corresponsabilidad o el reparto de las tareas domésticas y de cuidado entre hombres y mujeres. La división sexual del trabajo se mantiene intacta y recibe un balón de oxigeno porque las mujeres del sur ayudan al norte a conciliar. Con esto la deuda social no hace más que aumentar, porque nadie se pregunta:
• ¿Quién cuida a las cuidadoras inmigrantes?
• ¿Quién cuida a aquellos y aquellas que las migrantes han dejado de cuidar?
• ¿Quién asume el costo personal, emocional y económico de los cuidados que se dejan de prestar a de hijos, hijas, ancianos y enfermos en los países del sur?
Cuando hablemos de deuda social, no podemos olvidar que el norte también tiene una deuda de cuidados con las mujeres del sur.
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